El abogado Ciro Colombara, representante de Claudio Orrego, en el caso ProCultura cuestionó la solicitud de la Fiscalía de Antofagasta para desaforar al gobernador de la Región Metropolitana.
El defensor acusó al Ministerio Público de cometer varios errores en la indagatoria y recordó que el gobernador se querelló contra la fundación.
Colombara explicó que el convenio por el programa de prevención del suicidio denominado Quédate fue uno de los 75 proyectos que el GORE de Santiago aprobó en 2022 y se tramitó durante cinco meses, dos meses más que el promedio de tramitación de ese año.
“Y fue revisado, observado y aprobado, no por el gobernador Claudio Orrego, en su oficina o en su casa, sino por seis instancias e instituciones, que asumo que no habrá cuestionamiento alguno. Por la División de Planificación y Desarrollo Regional, por la Comisión de Salud del Gobierno Regional, por el Pleno del Consejo Regional, 34 consejeros, integrado evidentemente también por adversarios políticos del gobernador”, manifestó.
El abogado hizo ver que el hecho de que los fondos asignados se hayan invertido en fondos mutuos “es algo de lo cual no se le puede hacer imputación alguna al gobernador Claudio Orrego ni al Gobierno Regional”.
“¿Qué reproche puede haber de un acto que escapa a la voluntad o al control? Y ya veremos después, al terminar este análisis, cómo el Gobierno Regional, don Claudio Orrego, interpone querella criminal en contra de ProCultura, imputándole el delito de apropiación indebida, que es la tesis subsidiaria de la Fiscalía de Antofagasta", apuntó.
En esa línea, recalcó que el programa Quédate “se ejecutó durante un año sin problema alguno”.
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE
“Hubo 12 rendiciones. Hubo capacitaciones a equipos locales, prevención comunitaria, sensibilización comunicacional y articulación de respuesta en crisis. Casi 15.000 personas, reitero, 14.119 personas fueron beneficiadas. 32 municipios, 23 colegios, 15 universidades y más de 30 organizaciones de la sociedad civil participaron durante el primer año en este proyecto, cuya ejecución presupuestaria fue aproximadamente de 600 millones de pesos”, detalló.
El defensor explicó que al conocerse el caso Democracia Viva “se empiezan a revisar asignaciones similares y aparece ProCultura, que tenía proyectos en distintos lugares o gobernaciones, entre ellas con la Gobernación de Santiago, que voluntariamente entregó los convenios y documentos que daban cuenta de esa relación”.
“Y en ese minuto, y lo declara la gente de ProCultura, comienzan a tener problemas, porque en definitiva no son capaces de soportar la presión mediática y penal cuando se estaban cuestionando sus actuaciones, no con el gobierno regional, sino en general con otros organismos o entidades públicas”, apuntó.
Destitución de facto
Por otro lado, el abogado sostuvo que el fuero “no es un privilegio de impunidad”.
“Es un beneficio institucional destinado a proteger la autonomía de los órganos democráticos y asegurar la estabilidad de su funcionamiento. Se pretende proteger la soberanía popular, sea de alguien elegido con 2,5 millones de votos, como el gobernador Orrego, como alguien elegido en un cargo de elección popular con menos votos”, expuso.
El defensor advirtió que “por los tiempos de demora de las investigaciones penales, el desafuero para pedir prisión preventiva, como ya se nos ha señalado, equivale en la práctica a una destitución de facto”.
“El Ministerio Público, la Fiscalía de Antofagasta, desconoce el trabajo del Gobierno Regional, lo plantea como una improvisación para defraudar al fisco, desconoce las normas legales aplicables a la transferencia de fondos, desconoce que se favoreció a más de 15.000 personas, y más de 150 instituciones, desconoce que se cauteló el 100% de los recursos públicos mediante las pólizas de garantía y, por ende, no habrá perjuicio fiscal, desconoce los controles, terminación y denuncia inmediata del Gobierno Regional”, aseguró.
El abogado Colombara cerró afirmando que ese presunto desconocimiento explicaría “la cantidad de errores que tiene esta solicitud de desafuero”, por lo que solicitó su rechazo.
Fuente: La Tercera
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