En medio de la discusión del reajuste al sector público, la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, advirtió que hacen falta 822 millones de dólares para financiar por completo el proyecto del Gobierno.
Benavides lo expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara este lunes, donde diputados cuestionaron que ni el ministro del ramo, Nicolás Grau, ni la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, asistieran a la sesión para hacerse cargo de estas observaciones.
"Estimamos que para financiar el reajuste del sector público, se va a requerir de un financiamiento adicional de 822 millones de dólares respecto de las fuentes que fueron identificadas", planteó la líder del CFA, cuando el Gobierno prevé desembolsar poco más de 1.600 millones de dólares.
Previamente, el ministro Grau ha señalado que "cada uno de los órganos del sector público financian los recursos contemplados en su subtítulo 21 con sus presupuestos", aunque no descartó la necesidad de hacer "reasignaciones presupuestarias de cualquier subtítulo de gasto" salvo la deuda pública, y de que lo que falte, saldrá del Tesoro Público.
A pesar de la defensa del Ejecutivo, Benavides expresó: "Como Consejo, queremos advertir que el proyecto de ley de reajuste se formula en un escenario de estrés fiscal, que se caracteriza por déficits estructurales que han sido persistentes por incumplimiento de las metas de balance estructural. Por lo tanto, en este contexto, recomendamos que la Dirección de Presupuestos pueda explicitar detalladamente las fuentes de financiamiento adicionales del reajuste".
"Se requiere identificar este financiamiento adicional de 822 millones de dólares, y qué dichos recursos debieran provenir de reasignaciones y/o de un mayor uso de las provisiones, enfatizando que éstas tienen que poder cubrir también, al mismo tiempo, los otros propósitos para los cuales están destinadas", profundizó.
El diputado republicano Agustín Romero planteó que "cortamos la gratuidad, cortamos los subsidios habitacionales o echamos gente, sacan la plata del árbol o nos damos vuelta todos por si es que se cae alguna moneda de los zapatos. Estas autoridades se van, y ¿Qué quieren? ¿Que los acusemos constitucionalmente a partir del 12 de marzo? ¿Esa es la idea?".
"Si se incendia el país porque no hay plata para esta cuestión, van a tener que responder en el próximo Congreso", añadió.
Grau insiste: Reasignaciones dependen del próximo gobierno
El análisis del CFA causó una reacción aireada del diputado republicano Agustín Romero, quien planteó una serie de escenarios para financiar el proyecto: "¿Cortamos la gratuidad, cortamos los subsidios habitacionales o echamos gente? ¿Sacas la plata del árbol o nos damos vuelta todos para ver si cae alguna moneda de los zapatos? ¿Cómo se hace?".
"Estas autoridades se van, entonces ¿qué quieren? ¿Que los acusemos constitucionalmente a partir del 12 de marzo? ¿Esa es la idea? Perdónenme, si se incendia el país porque no hay plata para esta cuestión, van a tener que responder ante el próximo Congreso", advirtió.
Sin embargo, el ministro Grau insistió en que el escenario actual es el mismo que enfrentó el Gobierno de Gabriel Boric en 2022: "Son las reasignaciones que hemos hecho durante nuestra administración: estamos hablando de más de 5 mil millones de dólares".
"Si me preguntan si a nosotros nos corresponde anticipar cómo va a tener que hacer las reasignaciones el próximo gobierno, es como si le hubieran preguntado al ministro de Hacienda en enero de 2022 cuáles iban a ser las reasignaciones para que se financiara la parte del reajuste que no estaba especificada en el Presupuesto y la PGU. Esas son responsabilidades que le tocan a la siguiente administración", remató.
Mientras la derecha cuestiona este aspecto fundamental de la iniciativa, así como los supuestos "amarres" para proteger a funcionarios que sean despedidos en la transición a la Administración Kast, la iniciativa está en tabla para ser votada en la Sala de la Cámara este miércoles.
Fuente: Cooperativa